La falta de un registro impidió frenar los implantes de mamas PIP
España carece del sistema recomendado por la UE para anotar incidencias y garantizar la seguridad - La vigilancia sanitaria no detectó la alta tasa de roturas

 

MARÍA R. SAHUQUILLO - Madrid – El País 29/12/2011



Sanidad no detectó a tiempo los implantes de mama defectuosos que están causando problemas de salud a decenas de mujeres en España. La falta de un registro de estos productos que, tal y como recomienda la UE desde 2003, facilite su control y además sume y analice las incidencias detectadas, permitió que miles de mujeres en España recibieran los implantes fraudulentos PIP, fabricados por la empresa Poly Implant Prothese. La compañía empleó en su elaboración un gel de silicona industrial, no apto y 10 veces más barato que el que estaba declarando. Un delito que escapó a la vigilancia sanitaria hasta 2010, cuando las autoridades francesas, que ahora han pedido a las más de 30.000 mujeres que llevan las prótesis PIP que vuelvan al quirófano para retirárselas por riesgo de rotura, advirtieron lo ocurrido.

La alerta del Gobierno francés -cuyo sistema de vigilancia había detectado casos de problemas asociados a las prótesis- llevó a las autoridades españolas y europeas a retirar las PIP del mercado. Sin embargo, los controles sanitarios que debían velar por la seguridad de este producto (registrado y aprobado en Francia y por lo tanto con pasaporte para toda la UE) permitieron que hasta esa fecha más de 300.000 mujeres en todo el mundo recibieran las prótesis. Entre 8.000 y 12.000 de ellas en España, según la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre). De hecho, Sanidad asegura que, hasta la comunicación de Francia, su sistema de vigilancia no recibió notificación alguna de problemas con estos implantes.

Los casos, sin embargo, se estaban produciendo, silenciados por esa presunta falta de notificaciones y por la ausencia de registros solventes de incidencias. El Parlamento Europeo ya recomendó en 2003 a los países su creación para garantizar la seguridad y la calidad de las prótesis mamarias, que se implantan en su mayoría en clínicas privadas para intervenciones de cirugía estética -se calcula que unas 18.500 mujeres al año se someten a un aumento de pecho en España-. España aún no lo ha puesto en marcha.

Un registro que las organizaciones de médicos y de pacientes llevan pidiendo años para controlar, por ejemplo, el número de mujeres que llevan implantes. "Ese sistema es la única forma de ver si las incidencias que se pueden llegar a detectar por los cirujanos o los hospitales son relevantes", cree Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial, que reclama el registro para todo tipo de tecnología sanitaria. También la Secpre -que mantuvo hace tiempo conversaciones fallidas con Sanidad para implementar ese sistema- cree que el registro hubiera permitido detectar antes lo que ocurría. "Todas las marcas de prótesis tienen índices de rotura [suele rondar el 5%], el problema es que el de las PIP era mayor [15%]. Al no existir un registro de incidencias que sumase todas las que se estaban dando, no se descubrió. Muchos cirujanos pensaron que se trataba de incidentes aislados", dice Jaume Masià, presidente de esta sociedad científica.

Mientras, las afectadas por las prótesis fraudulentas se sienten abandonadas por las autoridades. Critican que el Ministerio de Sanidad no haya emprendido ninguna medida desde que se detectara el fraude en 2010. Desde entonces, Sanidad, que ha encargado varios estudios para analizar el alcance del escándalo y que estudia demandar al fabricante de las PIP, recomienda a las portadoras de las prótesis un seguimiento médico constante. Algo que no satisface a las pacientes.

El departamento que Ana Mato coordina desde el pasado jueves tampoco ha aclarado si financiará la extracción de las prótesis a las mujeres que deban retirárselas por riesgo de rotura; como así lo hará, por ejemplo, Venezuela. Un punto que reclaman las afectadas, que ya se han movilizado para exigir responsabilidades legales tanto a los cirujanos -a quienes acusan de lucrarse con la sustitución de las prótesis- como a la Administración.

Masià, sin embargo, asegura que la Secpre está del lado de las pacientes. "Los cirujanos, que pensaban que los implantes estaban en buenas condiciones y pasando los controles sanitarios han sido tan estafados como las pacientes", dice.